Benito Carlos Garzón
Profesor de Derecho Constitucional
Acerca de las declaraciones del sub secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicadas en LA GACETA el 14/05/26.
Sostener que la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso de la Nación (“Nación muerta”), constituye un agravio, impropio de un funcionario nacional, al sistema constitucional argentino en el momento que vive el país.
Pretender y sostener que un mero acuerdo parlamentario para regular su funcionamiento pueda derogar o probar de efectos jurídicos a una norma sancionada dos veces por el Honorable Congreso de la nación hace recaer sobre tal funcionario la tacha de ignorancia y mala fe ante la comunidad.
Si tomamos como punto de partida la naturaleza jurídica de una ley aprobada por el Congreso de la Nación, sostener que prevalece una ley de compromiso de trabajo del poder legislativo constituye una verdadera ignorancia del sistema constitucional argentino.
Un funcionario público nacional, a cargo de las relaciones con el sistema universitario nacional, que se denomina parte dogmática de la Constitución Nacional, que es la que no puede ignorarse por las legislaciones nacionales, provinciales o municipales. Es allí donde descansa la supremacía constitucional de nuestro sistema institucional, que constituye la columna vertebral de la República -normas de los artículos 1, 2, 3, 14,14 bis, 17, 18, 33, 43 y concordante de la Constitución Nacional-.
Por ella, los conceptos del funcionario del Poder Ejecutivo Nacional no sólo revisten gravedad institucional, sino que revelan la supina ignorancia del funcionario nacional con sus declaraciones que publica la prensa.
Un juicio político a las declaraciones cuestionadas que son avaladas por el silencio del propio Poder Ejecutivo Nacional es parte de la sanción que la ciudadanía argentina debe propiciar, a cargo de las relaciones entre el poder de turno y la universidad argentina, tan injustamente devaluada por el funcionario.
Cuestiones institucionales sobre el financiamiento universitarioPor el agravio institucional proferido que pretende cantar “réquiem para la República”, mal que le pese al funcionario, hay que cantar “la Constitución Nacional no está muerta, porque se anida en la historia y en la vivencia y en corazón de todos los argentinos”.
Ilegal introducción judicial
El fallo de la Cámara Federal de Tucumán, ordenando la exclusión de algunos candidatos a la elección de autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán como acápite de la suspensión del proceso electoral de autoridades de la UNT constituye una manifiesta contradicción con su propio proceder dentro del mismo tema.
Presupuestos, leyes "muertas" y transparencia: los argumentos del Gobierno para frenar la Ley de Financiamiento UniversitarioEn efecto: al tratarse antes de que exista el “leading case”, la misma Cámara Federal había decidido no tratar temas de candidatura, sosteniendo que no eran cuestiones revisables judicialmente. Luego cambia de criterio y decide en sentencia interlocutoria firmada por cuatro camaristas (menos uno), dispone hacer lugar a un recurso de queja por apelación denegada y decide, además de aceptar la queja de una candidatura, entronizarse en las candidaturas. En este caso, en la de el actual rector Sergio Pagani y otros candidatos presentes en su reelección, aduciendo que no puede ser reelecto por más de dos periodos consecutivos en sus cargos.
Incertidumbres y dudas
La Cámara Federal, con un simple decreto, ha sembrado incertidumbre en el seno de la UNT sobre el curso a seguir para no afectar el proceso eleccionario en marcha.
La noticia de domingo 17/05/26 en LA GACETA) indicó un grado de incertidumbre sobre elección de autoridades de la UNT y la “suspensión” de la asamblea a universitaria citada para el miércoles.
La Corte Suprema nacional quedó en condiciones de resolver el conflicto por la Ley de Financiamiento UniversitarioEn las decisiones contradictorias del Tribunal Federal de la provincia que se introdujo, a nuestro juicio, indebidamente en la elección interna de la UNT, deja un mar de dudas sobre la situación de la autoridad que debía asumir antes de asamblea general.
“Triste y solitario final” para la salud institucional de nuestra UNT.